Chávez
y la caja 'útil'
Ley
de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de Venezuela:
la muerte agónica de la pluralidad periodística.
por
MICHEL SUÁREZ, MADRID
21 de
diciembre de 2004
Tal
y como pintan los acontecimientos, o los medios privados de
Venezuela rebajan las expectativas de sus mensajes políticos
—es decir, literalmente se autocensuran—, o el cierre se les
vendrá encima en menos de un parpadeo.
La
aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión —Ley Resorte para el oficialismo, Ley Mordaza para la oposición— permitirá la intervención
directa del Ejecutivo venezolano en las políticas informativas
de ese país, algo que ya venía sucediendo desde la asunción
al poder de Hugo Chávez, con la extrema politización (a favor
del gobierno) de los medios públicos y los intentos de doblegar
a los canales privados.
De
por sí, la ley anterior venezolana daba prerrogativas al
gobierno —o al menos eso es lo que interpretaba Chávez—
para imponer transmisiones en cadena nacional de radio y
televisión, que los medios tenían que aceptar sin derecho a réplica. Todo eso se amparaba en el silogismo de que si el
espacio radioeléctrico era propiedad estatal y si las licencias
eran potestad del gobierno, entonces éste podía disponer de
las programaciones a su antojo, o de lo contrario, retirar los
permisos de explotación concedidos.
Chávez
no solo se contentó con convertir los medios públicos en una
descarada plataforma electoral a su favor. En los momentos más
conflictivos de los tres últimos años, obligó —casi a
diario— a todos los canales privados a emitir en cadena sus
discursos. En tanto, algunas estaciones de televisión
decidieron dividir la pantalla en dos, para no dejar de hacerse
eco de lo que sucedía en la calle, donde se enfrentaban
—incluso a disparos— miembros del oficialismo y la oposición.
La
técnica de la doble pantalla, seguramente por novedosa y
desafiante, ya forma parte del pasado venezolano.
'Información
oportuna y orden público'
La
nueva ley de Chávez es precisa al respecto. Cualquier
interferencia en la señal de las cadenas nacionales de radio y
televisión será multada con entre el 1 y el 2% de los ingresos
brutos causados en el ejercicio fiscal (Artículo 28).
La
Ley de Responsabilidad Social es, sin embargo, más ambigua y,
por tanto, más peligrosa, en los apartados donde se explaya
para intentar controlar la pluralidad. Los primeros acordes en
este sentido ya habían sido aportados por la "Constitución
Bolivariana", aprobada por Chávez en 1999 . El texto legal
fue mirado con lupa por los medios y organizaciones
internacionales por la introducción de los polémicos conceptos
de "información oportuna, veraz e imparcial".
La
nueva Ley Mordaza agrava la indefensión a la que quedan
sometidos los medios de comunicación, cuando explica más
adelante que "la interpretación y aplicación" estará
sujeta a principios políticos —y legalmente tan
intangibles— como "soberanía" y "seguridad de
la Nación", entre otros.
Los
castigos previstos por la legislación van dirigidos
directamente a la aniquilación del contrario. Desde la suspensión
por 72 horas continuas hasta la inhabilitación del medio por
cinco años, en el caso de los mensajes periodísticos que
promuevan o hagan "apología de la guerra", entre
otros supuestos —difícilmente verificables— relacionados
con el "orden público", o que "sean contrarios a la
seguridad de la Nación" (Artículo 29).
Es
decir, la existencia en Chile o México (países cuyos gobiernos
se opusieron a la guerra de Irak)
de una regulación como esta, hubiera supuesto un anatema
para los periodistas que emitieron opiniones favorables sobre el
conflicto. Con la Ley Mordaza, el criterio del gobierno,
en materia de política interior y exterior, pasa a formar parte
de la agenda forzosa de los medios. Su incumplimiento originará
a una medida punitiva.
¿'Independiente'
de quién?
Otra
parte del articulado que ha hecho poner el grito en el cielo a
los venezolanos está referida a la aparición de la figura del
"productor independiente". El gobierno obligará a las
cadenas a entregar una cuota de la programación a éstos,
quienes para acceder a tal categoría deberán solicitar una
"certificación" a la autoridad correspondiente y
demostrar que no tienen relación con las empresas que los van a
contratar.
Lo
de "independiente" suena a gastado en terrenos
propensos al autoritarismo. En 1960, el entonces joven gobierno
cubano de Fidel Castro convenció a los pequeños difusores para
que se aliaran en el denominado Frente Independiente de Emisoras
Libres (FIEL), que luego milagrosamente se "auto-convenció"
de que lo más patriótico era poner la corporación radial bajo
la tutela del gobierno. En 1962, los productores que quedaron al
margen de FIEL, fueron despojados de sus propiedades por un
decreto que dio paso a la creación del Instituto Cubano de
Radio y Televisión (ICRT), el sacrosanto organismo de la
censura hasta hoy día.
Volviendo
a Venezuela, Gilberto Urdaneta, director de la Cámara de la
Industria de la Radiodifusión de ese país, me ratificó hace
unos días que la creación del productor
"independiente" no era más que una maniobra para
colocar en los principales horarios de las cadenas privadas a
comisarios políticos del gobierno chavista. Para no ir tan
lejos, es como si Iñaki Gabilondo o Luis del Olmo, quizás las
principales figuras de la radio española, necesitaran una
autorización del gobierno para continuar dirigiendo sus
programas matutinos. En el caso de Del Olmo, estaría invalidado
automáticamente por ser accionista de Punto Radio.
Urdaneta
igualmente denunciaba las imposiciones en los horarios. Prácticamente
entre siete de la mañana y once de la noche, las cadenas no
tienen autoridad sobre los tipos de contenido.
Todo
eso contrasta, por ejemplo, con la manera en que en España los
medios audiovisuales se están sometiendo a una
"autorregulación" para proteger los horarios
infantiles.
En
el caso de Venezuela, no es un hecho aislado. Se suma a la
reforma del Código Penal, diseñada para estipular o endurecer
las penas contra supuestos delitos de opinión; o para blindar
la figura del presidente de la República y la de otros altos
cargos o instituciones estatales, ante críticas adversas de los
medios o de los ciudadanos. A todo esto se le une, también, el
creciente control gubernamental sobre los poderes legislativo,
judicial y constitucional.
Antes,
los medios de comunicación venezolanos no eran perfectos y
estaban bajo la exclusividad y el manto de una clase económica
visible. Hoy, es el gobierno, quien en nombre de los dídimos de
Bolívar y Chávez, mezclados con varios kilogramos de seguridad
nacional y soberanía, cientos de litros de lenguaje populista y
patria congelada como postre, pretende controlar los medios no
afines hasta su exterminio.
Pero
como nadie experimenta por cabeza ajena, en breve los
venezolanos podrán verificar qué es lo menos malo:
si la dictadura del dinero o la de la censura.
