El mercado de la memoria
Transiciones, amnistías y los símbolos del mal: ¿Juzgar el pasado u olvidarlo?
por MICHEL SUáREZ, Madrid
8 de noviembre de 2006
Corren tiempos en los que conviene preguntar primero el signo ideológico para conocer qué se mueve detrás de una declaración o postura. El sentido común se escurre entre las modas en muchos sectores del arco ideológico internacional.
Baste un ejemplo de amplia repercusión mediática en 2006 para ilustrar las diferentes varas con que se está dispuesto a medir los asuntos: al abordar los procesos de transición, la gestión del pasado y el papel de la justicia luego de grandes conflictos nacionales —un tema en el que Cuba tendrá mucho que decidir más pronto que tarde— solemos asirnos a posiciones partidistas. Adictos a la manipulación, no son pocos los que se dejan arrastrar por los extremos de ambos bandos.
Hoy por hoy se libra en el contexto iberoamericano un debate sobre el resultado de las transiciones a la democracia en que el aspecto judicial desempeñó un papel prácticamente nulo. Las amnistías que en su momento aprobaron España, Argentina, Chile y El Salvador, entre otros, sirvieron para poner punto y aparte temporal al drama de estos países en relación con sus terribles pasados.
Pero, allí donde fuere, ni todas las víctimas fueron resarcidas cabalmente, ni las llamadas Comisiones de Verdad y Justicia constituyeron un brebaje mágico para el desagravio de la memoria. Aun así, no caben dudas de que la tragedia de los abuelos no se traspasó a los nietos, parafraseando al catedrático español Emilio Lamo de Espinosa, quien afirmó que a los españoles les tocó pensar qué era lo más importante durante la transición: juzgar los crímenes que se cometieron contra sus abuelos y padres o asegurar un futuro más o menos estable para sus hijos y nietos.
¿Es esta la confirmación de que las sociedades siempre están abiertas a reconsiderar las actitudes de los violentos que han originado grandes crisis, si estos están dispuestos a restablecer el orden democrático?
Probablemente sí. A pesar de tamaño conflicto ético, los hechos no pueden ser más elocuentes y el tema de la reconciliación, la (des)memoria y el 'mal menor' ha afectado por igual a tendencias de izquierda que de derecha. No se trata de aplaudir ni denostar dichas soluciones, sino simplemente de reclamar un mínimo de coherencia.
Mirando hacia atrás
Chile, España, Argentina y El Salvador no estarían hoy donde están si sus políticos no hubieran apostado por el futuro y enterrar el pasado. Veinte años después de la última dictadura militar fue que Buenos Aires reabrió los procesos contra los culpables de violaciones a los derechos humanos.
Argentina ha entendido que, transcurridas dos décadas, son menores los riesgos del ruido de sables, así como que los sectores militares están mejor controlados por el poder civil. En 1983, tras algunos movimientos en el Ejército, Raúl Alfonsín se convenció de que la idea de la consolidación democrática debía imponerse a la de la reparación total de las atrocidades, y actuó en consecuencia firmando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Si Argentina no está hoy al nivel de España o Chile, no es porque haya fracasado el plan de reconciliación del entonces presidente Alfonsín, sino porque conserva una clase política lamentable.
El 'oasis chileno', por su parte, no comenzó con la pasiva aceptación de la inmunidad vitalicia del ex dictador Augusto Pinochet, sino con el asentimiento de la Constitución pinochetista de 1980 por parte de la actual Concertación Democrática (en el poder desde 1990). La Concertación, en una decisión arriesgada —y criticada por muchos, entre ellos los comunistas—, aceptó utilizar un resquicio legal existente en la Carta Magna para apoyar un plebiscito sobre la continuidad del régimen, según ha dicho el ensayista chileno Eugenio Tironi.
Tras el triunfo del 'no' a Pinochet, Chile se dio un gran baño de olvido que el juez español Baltasar Garzón se encargó de interrumpir en el año 2000. Ya para entonces, la sociedad austral estaba mejor preparada para enfrentar los rigores de la justicia. A día de hoy, la lentitud y los tropiezos de las causas abiertas no han impedido recordar que la impunidad tiene límites.
La guerra de las imágenes
En España, donde en 1978 se produjo una "transición modélica" (no hubo juicios contra los represores de la dictadura y la familia y los bienes de Franco no fueron tocados), parece reabrirse el debate sobre la Guerra Civil y la dictadura, 28 años después de aterrizar la democracia en Madrid. La izquierda alega razones de justicia y reparación para aprobar una ley que reconozca derechos a las víctimas y que recomiende la eliminación de los símbolos franquistas. La derecha, por su parte, avisa de la "peligrosidad" de revisar el pasado.
Lo curioso de ambas posiciones es que, dichas de este modo, no se contraponen. Si bien hurgar en viejas heridas suele ser escabroso, no es criticable que de una vez y por todas desaparezcan de plazas y calles españolas las estatuas de Franco y se trasladen al sitio correspondiente: los museos.
A nadie se le ocurriría mantener en Berlín una estatua de Hitler, para no "destapar" asuntos pasados ni "enfadar" a una de las partes en conflicto. Sostener un doble discurso al respecto es apoyar la idea de dictadores "buenos" y "malos", y una tomadura de pelo hacia las víctimas. Entonces, ¿deberían los cubanos permitir en el futuro un monumento a Fidel Castro en la Avenida de los Presidentes de La Habana? Los hechos relacionados con la polémica escultura Castro en su lecho de muerte, que el artista norteamericano Daniel Edwards pretendía colocar en el Central Park de Nueva York, sólo muestran el principio de lo que será lidiar con una poderosa imagen que perturbará la mente de los cubanos más allá de su muerte.
En este caso, el destino final de la escultura de Edwards, incinerada o arrojada al mar, es lo de menos. Aquí cuenta especialmente el excentricismo de un artista plástico, conocido por regatear publicidad a cualquier coste y que dice haberse enterado ahora de los crímenes del castrismo.
Más allá de esta anécdota, vale la pena insistir en que la gestión icónica del pasado nada tiene que ver con la furia destructiva que sobrevino con la caída de Gerardo Machado en 1933, cuando se destruyeron varios símbolos del régimen; ni con la voraz devoción castrista de eliminar a golpe de martillo las imágenes de los presidentes de la República hasta 1958.
El lugar de los tiranos y sus adláteres son los museos y los libros de Historia, no los lugares de exaltación pública. Aunque eso signifique enfrentarse a un puñado de fascistas o comunistas, según el caso, que siempre existirán.
En todas partes cuecen habas
Por otra parte, los hechos confirman que el mundo conservador no es tan homogéneo como algunos intentan pintarlo y, al igual que el progresista, tiene familias de diversa laya.
Mientras en España el conservador Partido Popular defiende a todo pulso mirar hacia delante y olvidar el pasado (incluso esto mismo han recomendado más de una vez a los cubanos), en la Polonia de los ultracatólicos hermanos Kaczynski se ha aprobado una ley según la cual los ciudadanos que ocupen cargos públicos, más los maestros, abogados, notarios, diplomáticos, periodistas y directivos de las empresas públicas (más de 100.000 personas), tendrán que presentar un "certificado de limpieza" que emitirá el Instituto Nacional de la Memoria (IPN).
Según reportes de prensa, los colaboracionistas de los viejos servicios secretos comunistas podrán ser despedidos. También podrán ser expulsados quienes se nieguen a solicitar el certificado o los superiores que en las empresas no denuncien a los subordinados que no hayan presentado su prueba de limpieza expedida por el IPN.
Los gemelos que gobiernan Polonia equivocan el modo de impartir justicia al utilizar castigos laborales como arma de combate contra los horrores del pasado comunista. Lo correcto sería que los acusados de cualquier acto contra la dignidad humana sean presentados ante los tribunales, único organismo capaz de dictaminar la verdad sobre la base de pruebas, y no un aparato como el Instituto Nacional de la Memoria, al que pretenden dotar de un perfil parajudicial. Los Kaczynski, sin embargo, han excluido de la 'cacería de brujas' a la Iglesia Católica, de la que se calcula que el 10% de sus sacerdotes colaboró con la dictadura comunista.
Lo sucedido en España, Polonia, Chile o Argentina en la gestión de sus pasados es bastante, pero no todo lo que puede verse y oírse en este mundo.
Entre Madrid y Bogotá
Las negociaciones abiertas en América Latina y España, sea para amnistías o para transiciones, han contado casi siempre con la unidad de criterio entre los gobiernos y la oposición. Los grandes conflictos se han cerrado con la conformidad de las grandes corrientes, reservando los peros para las minorías residuales o extremistas.
Lo que sucede hoy en España y Colombia, con respecto al terrorismo de ETA y de las guerrillas, respectivamente, son casos de moda en el veleidoso mercado de la memoria.
Algunos conservadores se oponen tajantemente al proceso de negociación abierto por el gobierno del PSOE con la banda terrorista ETA y, con idéntico entusiasmo pero en sentido inverso, aplauden la Ley de Justicia y Paz del presidente colombiano Álvaro Uribe. ¿Cómo pueden elogiarse o criticarse planes parecidos en las formas y muy similares en los fines, sólo por el signo ideológico de quien los promueve?
Queda claro que memoria, respeto a las víctimas y reconciliación nacional son términos con significados diferentes, según el puesto en que se vendan.
Sectores de la izquierda, por su parte, han sido excesivamente críticos con el programa de Uribe, mientras apoyan incondicionalmente el plan de Rodríguez Zapatero. Ambas propuestas "de paz" no dejan de ser polémicas, pero en el fondo encierran el mismo espíritu que animó a las transiciones española y sudamericanas: el punto final a capítulos conflictivos de las historias nacionales, con el menor coste político posible.
¿Acción o brazos cruzados?
Siempre quedará la posibilidad de que los procesos de restauración del orden democrático fracasen, pero intentarlo es lo menos que puede hacer un gobierno responsable. Zapatero ha dicho que no habrá coste político en el proceso de negociación con la banda terrorista. Lo que en buen español quiere decir que "la paz" no implica permitir la independencia del País Vasco, ni la anexión por parte de éste de la vecina región de Navarra, ni la salida masiva de carniceros profesionales de las cárceles. De momento, estas son las intenciones de Madrid. Habrá que juzgar a su presidente por los hechos, no por lo que imaginemos que es capaz de hacer.
ETA, casi derrotada por la vía policial pero todavía con capacidad militar, no comete asesinatos desde hace tres años. No será fácil vencerle, debido a sus estrambóticas reivindicaciones históricas, pero se sabe que en toda negociación las partes comienzan exigiendo máximos. Concederles demandas de primer o segundo orden forma parte del ajedrez al que se enfrentará Zapatero, un entramado en el que también juegan la negativa del principal partido de la oposición y de las asociaciones de víctimas a apoyar una salida "negociada".
En ambos procesos, el colombiano y el español, se manifiesta una verdad tan cruda como políticamente incorrecta: en un período de negociaciones para terminar grandes conflictos las víctimas confirman su papel socialmente activo y el dolor ocasionado vuelve a tocar el sentimiento de los ciudadanos, pero su influencia en las decisiones es muy limitada.
Tanto en España como en Colombia, las víctimas del terrorismo y del paramilitarismo han presionado a los poderes para evitar la vía de la negociación. Han hecho bien en expresar sus opiniones y en defender la idea de la reparación y la justicia. Sin embargo, las decisiones finales están en mano de los poderes públicos, los únicos con potestad para legislar y aplicar la ley, pensando en todos, en hoy y en mañana, sin olvido pero con distancia calculada.
El palo y la zanahoria
El presidente colombiano Álvaro Uribe ha presentado un razonable plan de desmovilización de paramilitares e incentivos para intentar terminar con un conflicto armado que dura ya medio siglo. Por otra parte, la mesa reunida en La Habana acordó abrir el diálogo entre gobierno y ELN, y el propio Uribe ha lanzado guiños a los miembros de las FARC. Bogotá parece decidida a continuar combinando la firmeza militar contra el terrorismo con la política de la zanahoria.
Tras duros debates sociales, los tribunales colombianos recortaron la Ley de Justicia y Paz para "asegurar el respeto a las víctimas". Ahora, a pesar de que continúa la polémica, es una legislación acorde con la Carta Magna, que puede convertirse en un valioso instrumento para el futuro. De forma general, la modificación dictaminada por la Corte Constitucional establece que quienes se acojan a la ley deberán cumplir a cabalidad sus resoluciones: confesión total de los delitos, la reparación y la verdad, y no volver a delinquir; así como el derecho de las víctimas a intervenir y estar informadas de todo el proceso legal.
Para la organización internacional Human Rights Watch, "la Ley de Justicia y Paz era una burla a principios básicos de los derechos humanos y de rendición de cuentas (…) pero la decisión de la Corte significa que ahora los paramilitares que desean recibir los beneficios deberán rendir una confesión veraz y completa de sus crímenes y hacer una reparación real a las víctimas".
Está claro que la ley, de por sí, no garantiza la limpieza del proceso, ni mucho menos el éxito del mismo, sobre todo cuando se conoce que cientos de efectivos han dejado la lucha armada para radicarse en el crimen organizado y otros tantos narcotraficantes se han alistado a los paramilitares para acogerse a los beneficios de la ley. Por lo pronto, Colombia no se ha quedado de brazos cruzados ante la mayor tragedia de su historia contemporánea.
Hoy este país es ligeramente más seguro que el año pasado, aunque las cifras de la violencia siguen siendo escalofriantes. En 2002, a la llegada de Uribe al poder se registraban aproximadamente 35.000 homicidios y 3.000 secuestros por año, como afirma el actual embajador de ese país en Portugal, Plinio Apuleyo Mendoza.
La combinación entre mano dura contra el terrorismo y el ofrecimiento de negociación evidentemente comienza a tener algunos resultados, aunque todavía muy insuficientes, en un país en el que la muerte es noticia diaria. Según los datos facilitados por Apuleyo Mendoza, los asaltos a poblaciones han disminuido en un 80 por ciento; el secuestro, un 45 por ciento; los asesinatos, un 22 por ciento, y 400 alcaldes que habían sido desterrados por amenazas de la guerrilla, han vuelto a ocupar sus cargos.
¿Puede alguien negarle legitimidad a Uribe para intentar acabar, dentro de los límites constitucionales, con la lacra que asola su país?
Ante los espejos
El asunto de la reconciliación y la reparación histórica no es simplemente anecdótico, sino un ejercicio de responsabilidad para el futuro de Cuba. Sobre cuál podría ser el alcance de la justicia en la era post-Castro es vano sostener un debate, so pena de incidir negativamente en la consecución de una transición inmediata.
Se equivocan quienes organizan listas de personajes 'menores' vinculados a las políticas represivas del régimen. Lo único que conseguirán es ralentizar el proceso de cambio. Nadie que se sienta amenazado por el futuro dará un solo paso para transformar el status quo de la Isla. La delimitación de responsabilidades no es un acontecimiento que corresponda a este tiempo.
La coherencia, como ejercicio para hoy y mañana, nunca viene mal. No se puede apoyar a Uribe y criticar a Rodríguez Zapatero desde las respectivas trincheras ideológicas, o viceversa. Hace falta más sustancia para el debate. El colombiano y el español han cometido errores y también aciertos. Vale la pena juzgarlos por sus actuaciones puntuales, con el matiz de las coyunturas históricas de por medio.
Que este entrenamiento sirva a los cubanos para extraer conclusiones sobre cómo enfrentar los próximos años, donde habrá mucho que condenar pero también que ceder —como en toda negociación—; salvo que se pretenda ignorar toda la experiencia en transiciones, reparaciones y reconciliaciones de la historia de la humanidad.
