¿Quién
manda en Venezuela?
Soberanía:
un concepto y dos aplicaciones. Cuba y Colombia en el camino de
Hugo Chávez.
por
MICHEL SUÁREZ, MADRID
1 de
febrero de 2005
El
conflicto que ha enfrentado a Colombia y Venezuela por la
captura —supuestamente en Caracas— del líder guerrillero
Rodrigo Granda, más conocido como el "canciller" de
las FARC, ha devenido un culebrón cuya esencia revela las
prioridades de los involucrados —sobre todo de Venezuela— en
materia de política exterior.
Cuando
menos resulta discordante que hace unos días una marcha
chavista saliera a las calles a denunciar la "violación"
de la soberanía venezolana por parte de Colombia y, casi al unísono,
Chávez publicaba en la Gaceta Oficial una ley que permite a
policías, agentes secretos, jueces o cualquier otro personal
policial y judicial cubano entrar en territorio venezolano para
detener a nacionales de la isla caribeña.
La
denominada Ley de Asistencia Jurídica en Materia Penal,
esbozada en 1999 —con la llegada de Chávez al poder— y
aprobada el 22 de diciembre pasado, es, por definición, un
convenio entreguista, que no sólo podría violar la soberanía
de ambas naciones, sino que introduce un nuevo mecanismo
represivo para la ideologización de la justicia.
El
hecho de que legislaciones similares hayan sido de uso
relativamente común entre otras naciones no alivia la
preocupación de los posibles destinatarios, sobre todo después
de que Venezuela, bajo la "brillante" égida de Cuba,
haya comenzado un complicado proceso de instrumentalización de
la justicia, destinado a controlar las principales instituciones
del país: la Corte Suprema, el Consejo Electoral Nacional y el
Tribunal Constitucional.
En
una democracia anémica, con un marco jurídico tendiente al
autoritarismo, una ley de este tipo es lo más parecido a un
explosivo en manos de un niño de cinco años.
Con
toda probabilidad, y habida cuenta de que la comunidad
venezolana en la Isla es insignificante, la norma apenas tendrá
ejecución práctica en Cuba, y será Venezuela la que ceda más
porciones de soberanía a Fidel Castro; la misma Venezuela que,
ante el grito redentor de su nuevo Mesías, salió a las calles
para protestar contra Colombia por la supuesta violación de su
territorio.
Terrorismo y diplomacia
Aunque
esta misma semana sus líderes han dado pasos hacia la distensión,
la crisis colombo-venezolana ha cerrado en falso. La captura de
Granda en Caracas es todavía un misterio.
Bogotá
aduce que pagó una recompensa por la detención del terrorista
en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Caracas replica que fue
capturado en su territorio por policías o ciudadanos
venezolanos que habrían aceptado dinero a cambio. Lo que no
explica Hugo Chávez es cómo el denominado
"canciller" de las FARC transitaba impunemente por las
calles de Caracas, ni mucho menos cómo obtuvo en once horas la
nacionalidad venezolana.
El
problema de fondo es el amparo que Chávez podría estar
ofreciendo a líderes del terrorismo colombiano, y no la
histeria desatada por Caracas en torno a la captura del
"cerebro político" de la organización militar que ha
causado la muerte de cientos de miles de colombianos y de otros
ciudadanos extranjeros. Quizás Bogotá debió haber informado a
las autoridades caraqueñas e intentado coordinar la operación
policial. Mas esa no es la médula del problema.
En
este delicado escenario aparece nuevamente la figura de Fidel
Castro como pretendido "artífice" de la recomposición
de relaciones. Todo parecía insalvable hasta que la mano del
"Rey Midas" tocó el asunto.
Pero,
¿tiene Castro tanta credibilidad y prestigio como para detener
por arte de magia el conflicto colombo-venezolano? ¿O más bien
ordenó a Chávez bajar el tono de los reproches? ¿Está
sentado en el Palacio de la Revolución de La Habana el
verdadero presidente venezolano?
Aquí
lo únicamente obvio es que Castro no puede darse el lujo de que
los hilos de sus filiaciones (y las de Chávez) con las FARC
sean objetivo público; prefiere mantenerlos en un perfil bajo
porque su teoría de la revolución violenta ha dado paso a otra
más pragmática: ganar en las urnas para luego aniquilar, desde
dentro, el sistema democrático.
En el ojo del huracán
La
firma de la nueva ley represiva entre Caracas y La Habana ha
demostrado que la cuestión de la soberanía es relativa para Chávez.
El citado convenio da vía libre a las autoridades cubanas para
detener, interrogar, practicar registros, embargar bienes,
inmovilizar activos, entre otras acciones que afectarán a
cubanos radicados o exiliados en Venezuela. También se hallan
en el ojo del huracán los venezolanos críticos con el gobierno
de Castro y los cooperantes cubanos que, en cifra cercana a los
30.000 —según fuentes periodísticas—, se encuentran en el
país sudamericano.
Un
detalle no despreciable es que, a pesar de que la ley fue
redactada en 1999, ambos gobiernos decidieron no ponerla en práctica
hasta diciembre de 2004, justamente tras los escándalos mediáticos
sobre deserciones masivas de médicos isleños en Venezuela,
desde donde huían hacia Miami o pedían protección de tránsito
a terceros países.
En
la práctica, y aunque el texto juega a negarlo, Venezuela ha
cedido su espacio judicial a Cuba para reprimir disidencias políticas
y evitar la fuga de cooperantes, a quienes se niega por decreto
la salida de la Isla.
El
control del exilio cubano en Venezuela, un enclave importante
del anticastrismo, es otra prioridad para La Habana. No por
gusto el convenio es explícito en temas de confiscación y
expropiación de bienes, los cuales incluso podrían ser
transferidos a Cuba. Todo esto con "carácter
confidencial", si así lo solicita el Estado requirente (es
decir, Cuba).
Lo
deseable en todo este culebrón es que ni Venezuela se vaya a la
guerra con Colombia por un asunto que realmente le interesa
"a conveniencia", ni permita que Cuba establezca sobre
su territorio algo similar a lo que la Unión Soviética hizo en
la Isla entre 1962 y 1989.
No
es ocioso recordar que los malos ejemplos pueden terminar imponiéndose
y que, generalmente, las segundas partes son peores.
