Dos años de represión e inmovilismo
Cerca de 300 presos políticos padecen en las cárceles cubanas cuando el mundo democrático recuerda la ola represiva de 2003.
por MICHEL SUÁREZ, Madrid
Dos años después de la ola represiva desatada por el gobierno cubano contra 75 disidentes y periodistas independientes, la situación de los más de 300 presos políticos no parece haber mejorado un ápice, ni siquiera teniendo en cuenta que 14 de ellos fueron autorizados a abandonar las prisiones bajo licencias extrapenales que mantienen restringidos sus derechos fundamentales. Si a eso se añade que 21 personas más fueron encarceladas durante 2004, la idea del panorama represivo está retratada.
La situación general no podía ser peor 24 meses después. Sin embargo, la específica, el drama de cada familia y su entorno, supera cualquier estimación; sobre todo en la región oriental del país, allí donde no llegan, habitualmente, ni la prensa extranjera ni el paraguas diplomático. Los casos de los hermanos José Daniel y Luis Enrique Ferrer, condenados a 25 y 28 años, respectivamente, por ser las cabezas visibles del Proyecto Varela en Palma Soriano (Santiago de Cuba), sirven de ejemplo notorio, aunque no son los únicos.
Al primero de ellos, confinado en una celda de castigo en Kilo 8 (Camagüey), le martirizan con la inasistencia sanitaria, a pesar de que sufre un grave problema en la piel. Lo psicológico no cuenta menos. A sabiendas de que es católico convencido, le prohíben leer cualquier literatura religiosa o masónica; ni siquiera libros sobre Ghandi.
"Mi hermano no está bien de salud por problemas de la piel, debido a las veces que ha sido introducido en celdas de castigo en condiciones infrahumanas. Parece que ha adquirido un parásito", afirma Ana Belkis Ferrer García, hermana de José Daniel y Luis Enrique Ferrer.
Donde 'se perdió la llave'
Desde un teléfono público comunitario en el poblado de Palmarito de Cauto (Palma Soriano), donde la incomunicación es posiblemente la mayor tortura —lo que le impide denunciar periódicamente el caso de sus hermanos—, Ana Belkis confirma a Encuentro en la Red que José Daniel está en la prisión de máximo rigor de Kilo 8, en el área especial 26, más conocida popularmente por la expresión de "Se me perdió la llave".
José Daniel no puede dormir. "Tiene muchas lesiones. Primero decían que era escabiosis, pero ahora dicen que no saben lo que es. Hace seis meses que no recibe sol. Le llevamos lejía para combatir los ácaros, pero los guardias no permitieron que la pasáramos. Ahora sólo podemos visitarlo cada cuatro meses", dice Ana, y advierte que su hermano está junto a presos comunes, quienes se agreden constantemente.
"El otro día, a Juan Carlos Herrera Acosta, también de los 75, los guardias lo esposaron y arrastraron por toda la celda y el pasillo, según me contó José Daniel", agrega.
Su otro hermano, Luis Enrique, estuvo en un hospital en La Habana, adonde lo llevaron para un chequeo. Ahora cumple su condena en la cárcel de Mar Verde (Santiago de Cuba), al arbitrio de los médicos, quienes "cambian a su antojo la historia clínica (…) un día tiene tres páginas y al otro sólo una", lo que desorienta a la familia sobre los verdaderos problemas que le aquejan.
En la soledad del campo cubano, a mil kilómetros de donde embajadores o cámaras de televisión pueden servir de desahogo, Ana Belkis y su familia siguen plantados y no piensan retroceder en sus puntos de vista.
"Aquí, en Palma Soriano, el Proyecto Varela se mantiene vivo. Nosotros seguimos igual que antes, recogiendo firmas. La gente tiene miedo, pero algunos lo van perdiendo", añade la activista del Movimiento Cristiano Liberación.
Sin padrinos ni madrinas
También de Palmarito de Cauto, enclave que le ha quitado el sueño a la policía del régimen por el singular movimiento de recolección de firmas que se produjo en 2002, el bibliotecario Leonel Grave de Peralta, condenado a 20 años de prisión, sufrió las consecuencias de la ola represiva de marzo de 2003.
Su madre, Marilú Almenares, da las "gracias a Dios" de que esté bien de salud, "dentro de lo que cabe". Grave de Peralta, otro de los que apenas se habla en la prensa, de los que no tienen padrinos ni madrinas en otros países por la condición periférica de su residencia, está en una celda de aislamiento desde agosto del año pasado, en la cárcel de Canaleta.
Marilú indica que algunos vecinos y amigos de Palmarito preguntan por él, pero otros no dicen nada por miedo. "En el fondo, él es un buen muchacho y nadie puede decir lo contrario", aclara. La madre de Grave de Peralta no quiere olvidarse de agradecer la solidaridad internacional, "porque si no, qué hubiese sido de nosotros aquí".
Un poco más cerca de la información, aunque igualmente aislada, la hermana del disidente preso José Gabriel Ramón Castillo se queja de que en su ciudad, Santiago de Cuba, no se haga nada.
"De aquí sólo son tres presos. Los familiares no podemos hacer lo mismo que en La Habana, que se reúnen y desfilan. Aquí no hay prensa extranjera, que es a la que le podría interesar, porque a más nadie le interesa nuestro problema. Los presos de la parte oriental están peor que el resto", denuncia Cecilia Ramos Castillo.
José Gabriel, director del Instituto Independiente Cultura y Democracia, está recluido en Boniato. Lo trasladaron hace aproximadamente un mes, después de haber estado en el hospital Finlay (La Habana). No tiene ningún problema de salud nuevo, aunque sí los que ya padecía: hipertensión y problemas de corazón e hígado, que son crónicos.
Según Cecilia, los familiares sí están interesados en reclamar, "pero cómo y de qué manera". No encuentran la forma. "La Iglesia —agrega— mantiene su línea religiosa de atención a los presos, que es la misma para los políticos que para los comunes".
Señala que algunas madres, esposas o hermanas se trasladarán este fin de semana hasta La Habana para protestar, pero que hasta ahora no conocen los detalles, "por problemas de seguridad".
Falsas señales de cambio
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) ha compilado pacientemente —y con todas las limitaciones que entraña trabajar desde la ilegalidad— un directorio sobre el sistema carcelario y las más de 300 personas que cumplen condenas actualmente por motivos políticos. Su presidente, Elizardo Sánchez Santacruz, precisa que "se ha insistido mucho en el grupo de los 75, porque son los prisioneros más notables, sobre todo por la arbitrariedad del proceso seguido contra ellos". Sin embargo, la realidad supera esa cifra, reitera.
"Al excarcelar a 14, quedan 61, pero no hay que olvidar que son alrededor de 300 los presos políticos en Cuba, de una cantidad de entre 80.000 y 100.000 cubanos en las cárceles, la cifra relativa más alta del planeta. Ningún país tiene tantos presos de conciencia en cifras relativas y absolutas como Cuba", sentencia Sánchez Santacruz.
Para el presidente de la CCDHRN, al cabo de dos años, lo más inquietante es que la salud de todos los presos políticos, y en particular de los 75, empeora día a día.
"Es algo muy macabro, porque el gobierno, el año pasado, excarceló a 14 por motivos de salud, temiendo que alguno de ellos pudiera morir en prisión", aclara.
El activista atribuye estas decisiones a la capacidad del régimen cubano "para enviar falsas señales de cambio hacia Europa y otros sitios". Porque, en su opinión, "no hay una voluntad para dar respuesta a los pedidos de excarcelación de todos los presos políticos y de conciencia".
Santa Rita sigue
Mientras tanto, en La Habana, las Damas de Blanco convertirán el segundo aniversario de la ola represiva en un nuevo escenario de sus protestas cívicas para reclamar la libertad de hijos, hermanos y esposos. Sacan la cara por sus familias, y por aquellas a las que la geografía, el transporte y otros demonios, les impiden manifestarse en la capital del país.
Este fin de semana, las Damas de Blanco recordarán a los suyos como mejor saben hacerlo: con votos de silencio, rezos y vigilias.
El domingo 20, en la Iglesia de Santa Rita, donde en opinión de Laura Pollán han sido "muy bien acogidas durante estos dos años", escucharán misa atentamente con el recuerdo de los registros en sus casas, las detenciones arbitrarias y las escandalosas condenas.
La esposa de Héctor Maseda, presidente del Partido Liberal y periodista independiente, sancionado a 20 años de cárcel, reconoce que es "algo muy halagador" para las esposas y los presos "saber que, después de dos años, continúan siendo noticia y que cada día es mayor la solidaridad internacional".
Pollán se emociona cuando habla de la actitud de Maseda. "Él está en una situación difícil porque desde el 14 de septiembre se encuentra 'plantado', es decir, renunció a las visitas familiares, a las conyugales, y también a su jaba de alimentos".
Hace más de siete meses que no le ve. Maseda sigue en rebeldía como protesta por las violaciones a las que le someten en la cárcel. Laura dice que respeta su posición, aunque le duela como esposa. "Se me oprime el corazón al saber que no lo puedo ver, pero en la vida hay veces que el deber y el sentimiento no pueden estar en el mismo lugar, y hay que respetar eso.
"Gracias a Dios, a pesar de sus 62 años, está bien de salud", confiesa con la voz en un hilo.
Al periodista independiente, vinculado antes de ir a prisión al Grupo de Trabajo Decoro, lo han trasladado para un sitio con régimen de seguridad incrementada. El 4 de enero pasado lo humillaron una vez más: lo desnudaron para hacerle una requisa, y le obligaron a hacer cuclillas desnudo. "Eso es humillante, degradante y eso debe saberlo el mundo entero", recrimina Laura.
A merced de Dios
Berta Soler Fernández, una de las mujeres que protagonizó la inédita protesta de octubre pasado en la Plaza de la Revolución de La Habana para exigir la atención médica de su esposo, Ángel Moya, admite que aquellos actos rindieron sus frutos.
"Dio resultado porque no pedimos nada que sea imposible. La atención médica a un hombre no se le debe negar. Yo no estaba pidiendo libertad, que es lo que realmente necesitan todos los que están presos porque son inocentes. Si yo no hubiera hecho la protesta, mi marido se hubiera quedado inválido", explica Berta.
Ángel Moya, presidente del Movimiento por la Democracia y la Libertad en Cuba, fue condenado a 20 años.
Después de la protesta de su familia frente al Consejo de Estado, el 13 de octubre de 2004 fue intervenido quirúrgicamente a causa de una hernia discal. Moral y espiritualmente está bien, según Berta, aunque "en el asunto de la salud está a merced de Dios porque la asistencia médica es casi nula".
Moya estuvo cuatro meses sin asistencia médica, del 15 de noviembre al 15 de febrero. "Aunque estaba en el hospital, no lo visitó ningún médico hasta el 19 de febrero", indica su esposa.
Represión desbordada
No son pocos los que esperan liberaciones antes de junio, aunque sea a cuentagotas, entre ellos las familias de los presos. No obstante, Vladimiro Roca, presidente del Partido Socialdemócrata de Cuba, considera que la situación es "crítica".
"Estamos en un momento crítico, donde, como puede verse, el gobierno cubano está volviendo a posiciones más represivas, más conservadoras. Incluso de retroceso, porque está retrocediendo en la economía, recentralizando".
Al también portavoz de la coalición Todos Unidos le preocupa que la represión ya desborda los ámbitos político y económico y se instala en el social.
"El gobierno ha montado varios dispositivos de represión contra jóvenes, mayormente, a los cuales está sancionando por el ilegal concepto de 'peligrosidad social'. Los está llevando a prisión, con sanciones de entre dos y cuatro años", denuncia Roca.
La intención es, en su criterio, "sacarlos de circulación, por el descontento que hay en la sociedad".
Han pasado dos años de la ola represiva que mayor costo de imagen ha causado al régimen de La Habana. Ana Belkis, Berta, Laura, Marilú y cientos de otras mujeres, esperan que sus familiares puedan salir de las cárceles… y algo más.
Los activistas que hoy están libres en las calles, aunque amenazados y acosados, lo que más desean es que la opinión pública internacional, la conciencia mundial —en palabras de Elizardo Sánchez Santacruz—, exija al gobierno cubano que ponga fin al flagelo del presidio político y a la persecución de ciudadanos simplemente por opinar diferente.